La voraz represión sufrida por todos los santiaguinos el día jueves 4 de agosto tiene un marco legal que avala tal procedimiento por parte de las fuerzas especiales de carabineros. El Ministerio del Interior vulneró el derecho a ocupar espacios públicos amparándose en el Decreto Supremo Nº1086 de septiembre de 1983.
Esta ley fue redactada para acallar y mantener el “orden público” a las manifestaciones de esa época que terminarían en el plebiscito del 1988. También permite desembolsar grandes sumas de dinero para realizar los operativos ya conocidos por el mundo entero.
Además, este decreto pinochetista consiente prohibir las manifestaciones y reuniones. Ya en Julio de este año el concejal por Santiago, Ismael Calderón, y un grupo de asesores, solicitaron a la Contraloría General de la República, que declarasen ilegal esta ley. Será el próximo 8 de agosto que Rodrigo Hinzpeter tendrá que responder ante la Contraloría, no obstante desde el organismo fiscalizador indican que el Ministro podría pedir un aplazamiento.
que asco me da pensar que la concertación fuera tan traidora. desde el momento en que pinochet dejó el poder debieron abolirse todas esas leyes propias de un gobierno totalitario como su dictadura, la verdad es que pareciera,que seguimos viviendo en ella, culpa de toda esa manga de políticos vendidos. a estas alturas se hace necesaria una nueva constitución democrática. el problema es que es muy difícil teniendo a ese país “nodriza”, los e.e.u.u., con sus ojos y oídos pendientes de todo intento de dejar de tener el sistema neoliberal que los ha puesto donde están, en el trono de un gobierno mundial monárquico,vicioso y capitalista.
saludos, exelente blog!